Liquidación y disolución de una sociedad: fases, cuota de liquidación y responsabilidad del liquidador

Cerrar una sociedad no consiste en dejar de operar ni en presentar el último impuesto: es un proceso jurídico reglado que atraviesa tres fases —disolución, liquidación y extinción— y que la Ley de Sociedades de Capital ordena con precisión. Hacerlo mal deja deudas vivas, responsabilidades personales que sobreviven a la empresa y una sociedad que, registralmente, sigue existiendo. Conviene conocer cada paso, y sus plazos, antes de iniciarlo.

Qué son la disolución, la liquidación y la extinción: tres fases distintas

La Ley de Sociedades de Capital —el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (LSC)— distingue tres momentos que en la práctica se confunden. La disolución abre el período de liquidación: conforme a su artículo 371, la sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza y debe añadir a su denominación la expresión «en liquidación». La liquidación es el conjunto de operaciones dirigidas a concluir lo pendiente, cobrar los créditos sociales, enajenar los bienes, pagar las deudas y repartir entre los socios el activo resultante. La extinción llega con el otorgamiento de la escritura pública de extinción, que regula el artículo 395, y con su inscripción en el Registro Mercantil, en la que se hace constar que quedan cancelados todos los asientos relativos a la sociedad, según el artículo 396. Solo entonces desaparece. Entre la disolución y la extinción pueden mediar meses, y durante todo ese tiempo la sociedad sigue siendo sujeto de derechos y obligaciones.

Cuáles son las causas de disolución de una sociedad

Una sociedad de capital debe disolverse por las causas legales que enumera el artículo 363: el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social —cese que se entiende producido tras un período de inactividad superior a un año—, la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento, las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social —salvo que este se aumente o se reduzca en la medida suficiente y no proceda solicitar el concurso—, la reducción del capital por debajo del mínimo legal y cualquier otra causa establecida en los estatutos. Junto a ellas, el artículo 368 permite que la junta general acuerde la disolución por su mera voluntad, con los requisitos exigidos para la modificación de los estatutos.

Cuando concurre una causa legal o estatutaria, los administradores deben convocar la junta general en el plazo de dos meses, conforme al artículo 365, para que adopte el acuerdo de disolución o aquellos que sean necesarios para remover la causa. El incumplimiento de ese deber tiene una sanción severa: el artículo 367 hace responder solidariamente a los administradores —y también a quienes no soliciten la disolución judicial dentro de los dos meses siguientes a la junta o a la fecha prevista para ella— de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución, obligaciones que se presumen posteriores salvo prueba en contrario.

Quién liquida la sociedad: el papel y los deberes del liquidador

Con la apertura del período de liquidación cesan en su cargo los administradores y se extingue su poder de representación, según el artículo 374. Su lugar lo ocupan los liquidadores: salvo disposición contraria de los estatutos o nombramiento por la junta general que acuerde la disolución, quienes fueran administradores quedan convertidos en liquidadores por aplicación del artículo 376. Asumen las funciones que la ley les atribuye y deben velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los socios, conforme al artículo 375; el poder de representación corresponde a cada liquidador individualmente, salvo previsión estatutaria distinta, y se extiende a todas las operaciones necesarias para la liquidación, según el artículo 379.

Sus deberes se detallan en los artículos 383 y siguientes: formular un inventario y un balance de la sociedad en el plazo de tres meses desde la apertura de la liquidación, referidos al día en que se hubiera disuelto; concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean necesarias para liquidar; percibir los créditos sociales y pagar las deudas; y enajenar los bienes sociales. Es una posición de confianza y de responsabilidad: el liquidador administra un patrimonio que ya no está al servicio del negocio, sino afecto, en primer término, a la satisfacción de los acreedores.

Qué recibe cada socio: el balance final y la cuota de liquidación

Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someten a la aprobación de la junta general un balance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo resultante, conforme al artículo 390. Ese acuerdo aprobatorio puede ser impugnado, en el plazo de dos meses desde su adopción, por los socios que no hubieran votado a favor.

La división del patrimonio se practica con arreglo a las normas establecidas en los estatutos o, en su defecto, a las fijadas por la junta general, según el artículo 391 —una previsión que conviene anticipar al redactar los estatutos y el pacto de socios—. El apartado segundo de ese mismo artículo fija un orden inflexible: los liquidadores no pueden satisfacer la cuota de liquidación a los socios sin la previa satisfacción a los acreedores del importe de sus créditos o sin consignarlo en una entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social. Y salvo disposición contraria de los estatutos, el artículo 392 establece que la cuota de liquidación de cada socio será proporcional a su participación en el capital social. El reparto anticipado, antes de pagar o provisionar las deudas, es una de las fuentes más frecuentes de responsabilidad y de litigio posterior entre socios.

Qué responsabilidad asumen el liquidador y el socio por el activo y el pasivo sobrevenidos

La extinción registral no cierra herméticamente la historia de la sociedad. El artículo 397 hace responder a los liquidadores, ante los socios y los acreedores, de cualquier perjuicio que les hubiesen causado con dolo o culpa en el desempeño de su cargo. Si tras la cancelación de los asientos aparecen bienes sociales, los liquidadores deben adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les corresponda, previa conversión de los bienes en dinero cuando fuere necesario, conforme al artículo 398. Y si lo que aparece es un pasivo sobrevenido —deudas sociales no satisfechas—, el artículo 399 hace responder solidariamente a los antiguos socios, si bien solo hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación y sin perjuicio de la responsabilidad de los liquidadores. Ese límite es la clave: cerrar en falso, sin pagar ni provisionar contingencias fiscales, laborales o contractuales, no las hace desaparecer; las traslada a los socios y al liquidador.

Cuándo conviene reactivar la sociedad en lugar de liquidarla

No toda causa de disolución conduce necesariamente al cierre. El artículo 370 permite a la junta general acordar la reactivación —el retorno de la sociedad disuelta a la vida activa— siempre que haya desaparecido la causa de disolución, que el patrimonio contable no sea inferior al capital social y que no haya comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios; no cabe la reactivación en los casos de disolución de pleno derecho. El acuerdo se adopta con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos, el socio que no vote a favor tiene derecho a separarse de la sociedad y los acreedores sociales pueden oponerse en las mismas condiciones establecidas para la reducción de capital. Cuando, en cambio, el pasivo excede del activo y la sociedad es insolvente, la vía adecuada no es la liquidación societaria sino el concurso de acreedores: su solicitud en debida forma —o la comunicación al juzgado de negociaciones para alcanzar un plan de reestructuración— exime a los administradores de convocar la junta de disolución, según el apartado tercero del artículo 365.

Cómo le ayudamos en la liquidación de sociedades desde RCM Legal

Existen dos errores que concentran casi todos los problemas: repartir entre los socios antes de haber pagado o consignado todas las deudas, y dar por extinguida la sociedad sin cerrar contingencias fiscales, laborales o contractuales que después reaparecen como pasivo sobrevenido. A ello se añade el riesgo de no convocar la junta a tiempo cuando concurre una causa de disolución, que expone al administrador a responder solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a esa causa, y el de una liquidación precipitada que ignore créditos aún no vencidos. Una liquidación mal ordenada no ahorra tiempo: traslada la deuda a quien la gestionó.

Desde RCM Legal acompañamos todo el proceso de disolución y liquidación de sociedades: verificamos la causa, ordenamos la fase de liquidación, cuantificamos y provisionamos las contingencias y llevamos la sociedad hasta su extinción registral con seguridad, valorando también si la reactivación es preferible al cierre. Como abogados mercantiles en Murcia especializados en asuntos societarios, si va a cerrar una sociedad, expónganos su situación y diseñaremos el cierre para que no deje frentes abiertos.