¿Cuándo prescriben las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social?
El plazo general de prescripción de las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social es de cuatro años, pero una sola actuación de cobro de la Administración lo interrumpe y lo reinicia. Explicamos cuándo empieza a correr ese plazo, qué lo interrumpe y en qué se diferencia de la exoneración de deudas de la ley de segunda oportunidad.
En esta página
- ¿Cuándo empieza a contar el plazo frente a Hacienda?
- ¿Y la deuda con la Seguridad Social, cuándo prescribe?
- ¿Qué interrumpe la prescripción y por qué tantas deudas no llegan a prescribir?
- ¿Es lo mismo que la deuda prescriba y que la segunda oportunidad la cancele?
- Cómo le ayudamos con la prescripción de deudas con Hacienda y la Seguridad Social desde RCM Legal
A los cuatro años, con carácter general. El plazo de prescripción de las deudas tributarias y de las deudas con la Seguridad Social es de cuatro años, pero son precisamente las deudas que, en la práctica, con más frecuencia no llegan a prescribir, porque basta una sola actuación de cobro de la Administración, notificada en forma, para interrumpirlo y reiniciarlo desde cero. Exponemos cuándo empieza a correr ese plazo, qué lo interrumpe y qué relación guarda con la exoneración de deudas que permite la ley de segunda oportunidad.
La prescripción es la extinción de un derecho por el simple transcurso del tiempo sin que su titular lo ejercite. Frente a Hacienda y la Seguridad Social opera en dos planos distintos: el derecho de la Administración a liquidar la deuda y el derecho, ya liquidada esta, a exigir su pago. Son plazos independientes, y conviene no confundirlos con la exoneración del pasivo insatisfecho de la segunda oportunidad, que es un mecanismo judicial distinto, como se explica más abajo.
¿Cuándo empieza a contar el plazo frente a Hacienda?
El plazo es de cuatro años desde dos momentos distintos, según qué derecho esté en juego. El artículo 66 de la Ley General Tributaria fija en cuatro años tanto el derecho de la Administración a determinar la deuda mediante liquidación como, una vez liquidada o autoliquidada, el derecho a exigir su pago. Conforme a su artículo 67, el primer plazo corre desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la declaración o autoliquidación; el segundo, desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario.
Son, por tanto, dos relojes que no necesariamente arrancan a la vez. Una deuda puede estar liquidada desde hace tiempo, y el plazo que importa entonces es el de cobro, no el de liquidación.
¿Y la deuda con la Seguridad Social, cuándo prescribe?
También a los cuatro años. El artículo 24 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social fija ese mismo plazo de cuatro años tanto para que la Tesorería General determine la deuda por cuotas mediante liquidación como para que exija su pago una vez liquidada. La norma distingue, igual que la tributaria, entre el derecho a liquidar y la acción de cobro, y remite a la normativa específica el plazo de las deudas con la Seguridad Social que no sean cuotas, como ciertos recargos o prestaciones indebidas.
¿Qué interrumpe la prescripción y por qué tantas deudas no llegan a prescribir?
Cualquier actuación de cobro de la Administración, notificada formalmente al deudor, interrumpe el plazo y lo reinicia por completo desde el día siguiente. El artículo 68 de la Ley General Tributaria enumera como causas de interrupción, entre otras, cualquier acción de la Administración dirigida de forma efectiva a la recaudación, la interposición de recursos o reclamaciones y hasta la propia declaración de concurso del deudor. El artículo 24.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social recoge una regla equivalente para las cuotas: interrumpe el plazo cualquier actuación administrativa con conocimiento formal del responsable, y de forma destacada la reclamación de deuda o el acta de liquidación.
Un apremio notificado, un embargo trabado o incluso un recurso que el propio deudor presenta contra la liquidación interrumpen el cómputo. En la práctica, esa amplitud explica que las deudas activas con Hacienda o la Seguridad Social rara vez lleguen a prescribir, porque la Administración dispone de mecanismos de notificación y apremio que, usados con normalidad, renuevan el plazo una y otra vez.
La prescripción protege frente a la inactividad prolongada de la Administración, no frente a un procedimiento de cobro que avanza. No debe plantearse, en ningún caso, como una vía para dilatar el pago ni para ocultar el origen de los ingresos o del patrimonio: eso compromete, además, la buena fe que la propia ley de segunda oportunidad exige para exonerar deudas, como se explica en nuestra guía de la ley de segunda oportunidad.
¿Es lo mismo que la deuda prescriba y que la segunda oportunidad la cancele?
No, son dos mecanismos distintos y no excluyentes. La prescripción extingue el derecho de la Administración por el paso del tiempo sin actuar; la exoneración del pasivo insatisfecho es un mecanismo judicial, regulado en los artículos 486 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Concursal, que un juzgado de lo mercantil concede al deudor persona física de buena fe dentro de un procedimiento de insolvencia, con independencia de si sus deudas han prescrito o no.
Son, además, compatibles entre sí. Una deuda con Hacienda que no ha prescrito —lo más habitual, por lo ya explicado— puede, en cambio, exonerarse en los términos y límites cuantitativos del artículo 489.1.5.º del mismo texto refundido, según la doctrina que fijó el Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2026 y que analizamos con detalle en nuestra pieza sobre segunda oportunidad y crédito público.
Si lo que arrastra es un embargo ya trabado sobre su cuenta o su nómina, explicamos los límites que protegen sus ingresos en esta guía sobre el embargo de Hacienda; y si avaló personalmente el préstamo de una empresa, abordamos su situación en esta otra pieza.
Cómo le ayudamos con la prescripción de deudas con Hacienda y la Seguridad Social desde RCM Legal
Existen expedientes en los que el deudor cree, de buena fe, que una deuda antigua ha prescrito, cuando en realidad un requerimiento, un recurso propio o incluso la declaración de un concurso anterior interrumpieron el plazo sin que nadie lo advirtiera; y existen otros en los que, al revisar el expediente de apremio con rigor, se comprueba que la Administración sí dejó transcurrir los cuatro años sin actuar. Distinguir uno del otro exige revisar notificaciones, fechas y actos de cada procedimiento, no limitarse a contar años desde el origen de la deuda.
Desde RCM Legal, nuestros abogados civilistas en Murcia revisamos el expediente de apremio y de recaudación frente a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para comprobar si alguna deuda ha prescrito y, cuando no es así, valoramos junto con usted si procede acudir a la exoneración del pasivo insatisfecho ante el Juzgado de lo Mercantil de Murcia. Cuéntenos su caso y revisamos con usted el estado real de cada deuda.
Su caso, en manos de nuestros abogados.
Si su situación se parece a la de este análisis, cuéntenosla y le diremos cómo la abordaríamos.
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